Marco Normativo
Marco NormativoLa transición energética y la lucha contra el cambio climático son desafíos globales abordados a través de un marco normativo integrado en distintos niveles: comunitario, estatal, autonómico e insular.
A continuación, se expone un resumen de la principal normativa en materia de energía y clima en cada uno de estos ámbitos.
La Unión Europea (UE) posee unos de los estándares medioambientales más elevados del mundo. La política medioambiental ayuda a la economía de la UE a ser más respetuosa con el medio ambiente, protege los recursos naturales de Europa y preserva la salud y el bienestar de los ciudadanos de la UE.
La calidad medioambiental es fundamental para la salud, la economía y el bienestar. Sin embargo, la UE se enfrenta a varios grandes desafíos, entre ellos, el cambio climático, el consumo y la producción insostenibles, así como las distintas formas de contaminación. Las políticas medioambientales y la legislación de la UE protegen los hábitats naturales, mantienen la atmósfera y el agua limpias, garantizan la adecuada eliminación de los residuos, mejoran el conocimiento sobre los productos químicos tóxicos y ayudan a las empresas a avanzar hacia una economía sostenible.
En cuanto al cambio climático, la UE formula y aplica políticas y estrategias, desempeñando un papel impulsor en las negociaciones internacionales sobre el clima. Está comprometida en asegurar la adecuada aplicación del Acuerdo de París. A este respecto, los países de la UE han acordado cumplir diversos objetivos en los próximos años. La UE pretende garantizar que las preocupaciones relativas al clima se tomen debidamente en consideración en otros ámbitos políticos y fomenta, asimismo, las tecnologías con bajas emisiones de carbono y las medidas de adaptación. El desarrollo sostenible es un objetivo general para la UE, que se compromete a alcanzar un «alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente».
La Unión Europea ha marcado un rumbo claro hacia la descarbonización con el Pacto Verde Europeo (2019), que establece el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Caben destacar, la Legislación Europea sobre el Clima, aprobada el 26 de junio de 2021, que establece un marco para lograr la neutralidad climática en la Unión Europea (UE) de aquí a 2050 e introduce normas para garantizar un avance continuo hacia el objetivo global de adaptación del Acuerdo de París (limitar el aumento de la temperatura media mundial a muy por debajo de 2ºC). Los objetivos vinculantes de este reglamento comunitario son:
- Alcanzar la neutralidad climática en la UE de aquí a 2050.
- Lograr unas emisiones negativas en la UE a partir de 2050.
- Reducción interna neta de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, un 55 % (con respecto a los niveles de 1990) de aquí a 2030.
Para alcanzar el objetivo del 55%, en julio de 2021 la Comisión Europea presentó un conjunto de propuestas legislativas, conocido como Paquete Fit for 55 encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de garantizar que las políticas de la UE se ajusten para el logro de este objetivo.
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España ha alineado sus políticas energéticas con los compromisos europeos mediante la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética (2021), que establece un marco legal para alcanzar la neutralidad climática en 2050, con metas de reducción de emisiones de GEI del 235 para 2030 con respecto a los niveles de 1990. Esta ley promueve el desarrollo de energías renovables de manera que representen al menos el 42% del consumo final de energía para 2030, y para ese mismo año, la generación eléctrica debe proceder al menos el 74% de fuentes de energía renovables. La ley promueve la mejora de la eficiencia energética, la electrificación de sectores clave como el transporte y además de mitigar el cambio climático incluye medidas para la adaptación a sus efectos.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), está alineado con los objetivos de reducción de emisiones establecidos a nivel europeo. Estos objetivos se concretan en los siguientes resultados para 2030: reducción del 32% en las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990, un 48% de la energía consumida provendrá de fuentes renovables, se mejorará la eficiencia energética en un 43% en términos de energía final, la generación eléctrica será en un 81% renovable y se reducirá la dependencia energética hasta un 50%.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2021-2030), es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en España, cuyo principal objetivo es evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes.
Además, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (2050), establece que no más tarde de 2050, España reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 90% respecto a 1990 y alcanzará un sistema eléctrico 100% renovable para 20250.
Asimismo, la Estrategia de Transición Justa permite la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario. El objetivo es que no se produzcan impactos negativos sobre el empleo ni la despoblación.
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Los efectos del Cambio Climático que afectan y afectarán al archipiélago canario motivaron que el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobase la Declaración de Emergencia Climática en Canarias (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de agosto de 2019), un acuerdo con el que se pretende comprometer y agilizar las políticas del Ejecutivo autonómico para frenar esa amenaza mundial.
En esta declaración se insta a la participación intensa y activa de los siete cabildos insulares y de los ochenta y ocho ayuntamientos de las islas, para así implementar políticas efectivas de reducción de los impactos y de mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040 e incluso, a ser posible, antes del año 2035.
Por otro lado, esta declaración tuvo como principal propósito agilizar la tramitación y aprobación de la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, modificada recientemente mediante el Decreto ley 5/2024, de 24 de junio. Dicha Ley que tiene por objeto regular las medidas encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como garantizar la transición energética y la acción por el clima, alcanzando la neutralidad en carbono y la reducción de gases de efecto invernadero, mediante el esfuerzo colectivo y la aplicación de medidas coordinadas y eficaces desde todos los sectores públicos y privados, orientadas hacia la sostenibilidad.
Cabe destacar que, con la reciente modificación de la mencionada ley, se produce una profunda reestructuración de los instrumentos de planificación y los proyectos de acción climática:
- Entran en juego el Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias (PIECan), el Plan Canario de Adaptación Climática (PCAC) y los Planes Insulares de Acción Climática (PIAC).
- Tanto los PIAC como los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) deben ser aprobados por el pleno y prevalecerán sobre otros planes de ordenación territorial o urbanística en las materias relacionadas con el cambio climático, siendo su aplicación prioritaria en el ámbito insular y/o local.
En este sentido, se destaca la ORDEN de 7 de noviembre de 2024, por la que se inicia el procedimiento de elaboración del Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias (PIECan). El PIECan deberá incorporar y desarrollar disposiciones específicas establecidas en la Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias (LCCTEC), así como en otras normativas relacionadas. Los aspectos clave del marco normativo complementario incluyen:
- Modelo energético sostenible.
- Ahorro y eficiencia energética.
- Renovación de edificios.
- Cierre de generación térmica fósil.
- Vehículos de bajas emisiones.
- Transición en transporte de mercancías.
- Planes de transición en actividades económicas.
Por último, pero no menos importante, cabe destacar que el Gobierno de Canarias ante la grave situación energética en el archipiélago, debido principalmente a un déficit en infraestructura energética y baja penetración de energías renovables, en octubre de 2023, aprueba la Declaración de Emergencia Energética de la Comunidad Autónoma de Canarias.
No obstante, la Estrategia Canaria de Acción Climática, que es el instrumento de planificación regional que persigue el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de lucha contra el cambio climático y se trata de una hoja de ruta para avanzar hacia una sociedad canaria climáticamente neutra y resiliente al clima en 2040, mantendrá su vigencia y obligatoriedad entre tanto no entre en vigor el PIECan y el PCAC. Para ello, identifica los principales riesgos en Canarias, fija objetivos de reducción de emisiones, captación de carbono, eficiencia energética, implantación de renovables y movilidad sostenible.
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El Cabildo Insular de Tenerife, consciente de la necesidad de luchar contra el cambio climático, de generar adaptación y resistencia a éste en los sectores de la sociedad y la naturaleza afectados, de promover y popularizar una economía baja en carbono mediante la eficiencia energética y la introducción de las energías renovables, así como de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la fijación de carbono por la vegetación, en abril de 2013 se adhirió a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes como Coordinador de la isla de Tenerife y, dos años más tarde, en julio de 2017, el Consejo de Gobierno de la entidad aprobó el Plan de Acción de Energía Sostenible de Tenerife 2016-2020 (PAES). Además, el 17 de septiembre de 2019, a través del Consejo de Gobierno Insular, aprueba la Declaración de Emergencia climática en la isla que, resumidamente, comporta los siguientes compromisos:
- Elaborar y ejecutar un Programa de Acción Insular en materia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
- Crear un sistema de participación ciudadana donde se hallen representados los principales sectores sociales, económicos, académicos e institucionales de la sociedad tinerfeña.
- Consolidar en la isla el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía de la Unión Europea y crear una comunidad del pacto, integrada por el Cabildo y dichos ayuntamientos.
- Tomar todas las medidas necesarias para popularizar, abaratar y extender activamente entre la ciudadanía las energías renovables creando un sistema de promoción masiva del autoconsumo con servicios de información y apoyo a la gestión de proyectos en esta materia, así como mediante la generación de subvenciones y ayudas, con especial atención a las familias más vulnerables.
- Creación y gestión del presente Observatorio Insular del Cambio Climático.
- Seguimiento de la colaboración de las áreas del Cabildo en el cumplimiento de compromisos de la emergencia climática, y coordinación con las instancias concurrentes externas en materia de cambio climático.
- Alineamiento con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
- Alcanzar la neutralidad carbónica de la isla en 2040.