El 5 de abril de 2019, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 (ENPE), con el fin de establecer las bases para realizar un diagnóstico comprensivo y transversal de la pobreza energética, establecer su evolución y aplicar medidas de actuación para reducir el número de hogares que se encuentran en situación de pobreza energética en el horizonte temporal 2019-2024.
El 17 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprueba la segunda Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2026-2030. La nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030 marca un punto de inflexión en las políticas públicas de España para garantizar la equidad energética. Su principal novedad es la evolución desde un enfoque puramente asistencial, centrado en ayudas de emergencia para situaciones críticas, hacia un sistema estructural que busca reducir de forma duradera el consumo y las necesidades energéticas de los hogares vulnerables. Para lograr esta transformación, la estrategia se articula en 4 ejes de actuación, que comprenden un total de 13 medidas y 34 acciones transversales.
Los ejes que guían esta hoja de ruta son:

El Eje I: Caracterización de la pobreza energética tiene como objetivo fundamental mejorar el diagnóstico y el conocimiento detallado sobre este fenómeno en España para que las administraciones puedan diseñar políticas públicas más eficaces y precisas.
Su medida central y única es la creación del Observatorio sobre Pobreza Energética (OPE), un órgano encargado de centralizar y difundir información clave, como la actualización anual de los indicadores oficiales y la evaluación de nuevas realidades, entre las que destaca la pobreza energética estival frente a las olas de calor.
Además de funcionar como un repositorio de conocimiento técnico, este eje busca dar voz a la ciudadanía mediante la convocatoria de laboratorios ciudadanos, asegurando que la toma de decisiones se base tanto en evidencias científicas como en la experiencia real de los hogares afectados.

El Eje II: Protección de los consumidores tiene como objetivo fundamental empoderar a la ciudadanía, especialmente a los colectivos vulnerables, para que puedan ejercer sus derechos y acceder a la energía de forma segura y asequible.
Este eje consta de cuatro medidas clave que buscan garantizar el suministro eléctrico y térmico, proteger a las familias frente a cobros imprevistos por errores de facturación y combatir prácticas comerciales engañosas, como las llamadas telefónicas no solicitadas.
Un pilar central de este eje es cerrar la brecha de cobertura del bono social, simplificando los trámites administrativos para asegurar que esta ayuda llegue a todos los hogares que realmente la necesitan, eliminando al mismo tiempo el acceso a las rentas más altas.

El Eje III: Mejora estructural de las condiciones energéticas tiene como objetivo transformar las viviendas de los hogares vulnerables para reducir de forma permanente su demanda y facturas energéticas, pasando de una ayuda puntual a una solución duradera basada en la eficiencia.
Este eje consta de cinco medidas fundamentales que incluyen la rehabilitación integral y exprés de edificios, el impulso a las comunidades energéticas para el autoconsumo y la creación del Certificado de Ahorro Energético (CAE) Social.
Además, este pilar es clave para adaptar los hogares a la emergencia climática, protegiendo a las familias frente a las temperaturas extremas mediante mejoras en el aislamiento y el acceso a sistemas de refrigeración.

El Eje IV: Coordinación interadministrativa, información y sensibilización tiene como meta fundamental asegurar la colaboración estrecha entre los distintos niveles del Estado y transmitir información clara, veraz y comprensible a toda la sociedad sobre los recursos disponibles.
Este pilar consta de tres medidas clave que se centran en fortalecer la cooperación multidisciplinar, desplegar la Red-Actúa para ofrecer asesoramiento directo a través de puntos de atención fijos e itinerantes, y fomentar la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad en el sistema de salud y los servicios sociales.
Al integrar estos esfuerzos, el eje busca romper las barreras de acceso a las ayudas y garantizar que el acompañamiento llegue de forma personalizada a cada hogar que lo necesite.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Para que las políticas públicas sean efectivas, es imprescindible contar con un diagnóstico preciso que permita identificar quiénes sufren pobreza energética y cómo evoluciona esta realidad en el tiempo. La nueva ENPE 2026-2030 asume una visión multidimensional de este fenómeno, reconociendo que no solo se trata de una cuestión de ingresos, sino también de la eficiencia de las viviendas y del confort térmico necesario para una vida digna. En este contexto, los indicadores oficiales actúan como el termómetro que mide la vulnerabilidad de los hogares y el impacto de las medidas implementadas.
Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y del European Poverty Advisory Hub (EPAH), la estrategia se basa en cuatro grupos fundamentales de indicadores para monitorear la pobreza energética:

La gran novedad institucional para este periodo es la creación del Observatorio sobre Pobreza Energética (OPE), que se constituye como la entidad central para la generación y síntesis de conocimiento en España. El OPE tiene encomendadas funciones críticas para la gobernanza de la estrategia:
Este sistema de monitorización liderado por el OPE permitirá que, antes del 31 de diciembre de 2028, se disponga de un informe de seguimiento intermedio que evalúe cuantitativamente el éxito de la Estrategia en la reducción de la precariedad energética en España.
