Nueva Ley de Viviendas Turísticas y sostenibilidad energética en Canarias
La nueva Ley de Viviendas Turísticas refuerza la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la descarbonización del alquiler vacacional en Canarias.
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una norma que supone un cambio relevante en la regulación del alquiler vacacional en las Islas Canarias. La ley, que entrará en vigor a partir del día de mañana sábado 13 de diciembre, parte de un principio clave: el uso turístico de las viviendas no constituye un derecho automático, sino una actividad económica sujeta a planificación urbanística, criterios de sostenibilidad y control público.
El texto legal persigue equilibrar la actividad turística con el derecho a la vivienda, la protección del territorio y la acción climática, frenando el crecimiento desordenado de esta modalidad alojativa y priorizando el uso residencial.
Energía y clima: un eje central de la nueva regulación
La Ley 6/2025 otorga un papel destacado a la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de la huella de carbono, alineando el sector del alquiler vacacional con los objetivos de descarbonización, la Agenda 2030 y las políticas climáticas europeas.
Compromiso con la descarbonización
La norma establece que la actividad turística en viviendas debe contribuir activamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incorporando criterios energéticos y ambientales como parte esencial de su viabilidad.
Requisitos de eficiencia energética
La ley fija exigencias mínimas de certificación energética, recogidas en la disposición transitoria séptima, diferenciando según la antigüedad del edificio:
- Viviendas anteriores a 2007: certificación energética mínima Clase F.
- Viviendas posteriores a 2007: certificación energética mínima Clase D.
Además, en nuevos desarrollos turísticos bajo modelos de excelencia y ecoeficiencia, el planeamiento podrá exigir:
- Certificaciones energéticas Clase A o B.
- Planes de transición hacia la neutralidad climática, con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en plazos de entre 2 y 5 años.
En materia de equipamiento, se exige que los electrodomésticos de refrigeración cuenten con alta eficiencia energética (clase A o equivalente).
Impulso obligatorio a las energías renovables
Uno de los elementos más relevantes desde el punto de vista energético es la obligatoriedad del uso de energías renovables para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS):
- Viviendas anteriores a 2007: cobertura mínima renovable del 70 %.
- Viviendas posteriores a 2007: cobertura mínima del 90 %.
Esta exigencia refuerza el papel de tecnologías como la solar térmica, fotovoltaica con apoyo eléctrico renovable u otras soluciones limpias, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.
Gestión de recursos y protección ambiental
La ley introduce también criterios ambientales adicionales que refuerzan la sostenibilidad de la actividad:
- Medidas de ahorro de agua y uso eficiente del recurso.
- Gestión adecuada de residuos, en línea con los principios de economía circular.
- Control de la contaminación acústica y lumínica, pudiendo requerirse sistemas de monitorización de ruido en determinados supuestos.
- Elaboración de planes de transición energética para minimizar la huella de carbono de la actividad turística.
Un nuevo marco normativo con implicaciones energéticas y ambientales
La Ley 6/2025, de 10 de diciembre, introduce por primera vez un marco regulador específico que vincula el uso turístico de viviendas con criterios de eficiencia energética, uso de energías renovables, gestión responsable de los recursos y reducción de la huella de carbono.
En un territorio insular como Canarias, donde el sector turístico tiene un peso significativo en el consumo energético y en la presión sobre el territorio, la aplicación de estos requisitos adquiere una especial relevancia desde el punto de vista energético y ambiental.
El seguimiento de la implantación de esta norma permitirá analizar, en los próximos años, su impacto en el consumo de energía, la integración de renovables en el sector residencial-turístico y la contribución a los objetivos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático en el Archipiélago.