El Gobierno impulsa un Plan Social para el Clima
El Plan Social para el Clima movilizará 9.099 millones de euros hasta 2032 para reducir la dependencia de los combustibles fósiles en hogares, transporte y microempresas
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), junto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha sometido a información pública el nuevo Plan Social para el Clima (PSpC), una estrategia estatal que movilizará 9.099 millones de euros entre 2026 y 2032 para impulsar la rehabilitación energética, la movilidad sostenible y la electrificación de colectivos vulnerables.
El plan estará cofinanciado en un 75% por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea —a través de la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo— y en un 25% por aportación nacional. Se plantea como una herramienta para reducir de forma estructural la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en hogares vulnerables, personas usuarias del transporte y microempresas.
El diseño del plan responde a un contexto de creciente inestabilidad energética internacional, agravada por la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que han puesto de manifiesto los riesgos de depender de combustibles fósiles importados. Frente a las medidas de protección temporales adoptadas hasta ahora —como el escudo social de 5.000 millones— el Gobierno apuesta por soluciones permanentes y de carácter transformador.
Más de 4.700 millones para rehabilitación energética y vivienda
El componente dedicado a edificios contará con una dotación de 4.723 millones de euros y se centrará en mejorar la eficiencia energética del parque residencial, especialmente en barrios y viviendas vulnerables. Las medidas buscan reducir el consumo energético, mejorar el confort térmico ante fenómenos meteorológicos extremos y disminuir las emisiones de CO₂.
Entre las actuaciones previstas destacan la rehabilitación energética de edificios y viviendas, la mejora del aislamiento térmico, la sustitución de sistemas basados en combustibles fósiles, la promoción de vivienda asequible y eficiente, y la creación de oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas.
Además, el plan contempla el impulso del autoconsumo colectivo, el almacenamiento energético y las comunidades energéticas como herramientas para ampliar el acceso a energía renovable de proximidad entre los colectivos con menos recursos y reducir la vulnerabilidad energética. Las siete líneas de actuación del componente son:
- Promoción de vivienda asequible: construcción de nueva vivienda asequible y rehabilitación integral de edificios sin uso residencial, con altos estándares de eficiencia energética.
- Rehabilitación en barrios vulnerables: actuaciones integrales a escala de barrio en zonas con mayor vulnerabilidad, incluyendo redes de calor y frío de distrito y climatización renovable.
- Rehabilitación de edificios residenciales: mejora del aislamiento térmico y sustitución de sistemas fósiles en edificios donde residan hogares vulnerables, con ayudas escalonadas según el nivel de mejora energética alcanzado.
- Comunidades energéticas y consumidore/as activos: impulso al autoconsumo colectivo y sistemas de almacenamiento energético. El 10% de la energía generada o ahorrada debe destinarse gratuitamente a consumidores vulnerables.
- Rehabilitación de viviendas individuales: intervenciones personalizadas para hogares en edificios plurifamiliares donde no es posible acometer una rehabilitación comunitaria.
- Proyectos piloto de intervención exprés: medidas de rápida ejecución para hogares en urgencia térmica y centros públicos educativos y asistenciales.
- RED-ACTÚA: creación y consolidación de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital, con atención presencial e itinerante en zonas rurales.
Comunidades energéticas: 300 millones para proyectos con impacto social
Dentro del componente dedicado a edificios, una de las medidas destacadas es la centrada en comunidades energéticas y colectivos de consumidore/as activos, con una dotación prevista de 300 millones de euros.
Esta línea busca impulsar proyectos desarrollados por comunidades energéticas, cooperativas, asociaciones, comunidades de propietario/as u otras entidades ciudadanas que faciliten a consumidore/as vulnerables el acceso gratuito a energía renovable, ahorro energético o soluciones de movilidad limpia.
Entre las actuaciones previstas se incluyen proyectos de autoconsumo colectivo, almacenamiento energético, bombas de calor, climatización renovable, mejoras de eficiencia energética en edificios y movilidad compartida o comunitaria. En todos los casos, los proyectos deberán garantizar que al menos un 10 % de la energía generada, del ahorro energético conseguido o del uso del servicio de movilidad se destine gratuitamente a consumidore/as vulnerables.
El MITECO prevé articular esta medida a través de programas de ayudas centralizados, tomando como referencia experiencias anteriores como CE Implementa —dirigida a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas— o RenoInn, orientada a energías renovables innovadoras. Las bases reguladoras se aprobarían a partir de 2027 y tendrían una vigencia de seis años.
La línea de comunidades energéticas es de especial interés para territorios insulares como Tenerife, donde el autoconsumo colectivo y las redes de energía renovable local pueden contribuir decisivamente a reducir la elevada dependencia del petróleo importado y la vulnerabilidad energética de los colectivos con menos recursos.
Movilidad sostenible y reducción de la pobreza de transporte
El transporte supone más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y es el sector más expuesto a la volatilidad de los hidrocarburos. El componente de transporte dispondrá de 4.376 millones de euros y busca facilitar alternativas al vehículo privado de combustión, especialmente en colectivos con menos recursos y zonas con escaso acceso al transporte público. Sus actuaciones principales son:
- Ayudas para la electrificación de flotas de microempresas y personas autónomas, con subvenciones que podrán cubrir hasta el 100% del sobrecoste frente al vehículo de combustión.
- Renovación de vehículos pesados y ligeros, con achatarramiento de los anteriores a 2020.
- Despliegue de 400 millones en puntos de recarga eléctrica en instalaciones empresariales.
- Impulso al transporte público asequible mediante el Abono Único Social (740,5 M€), destinado exclusivamente a colectivos vulnerables como los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, con viajes ilimitados y multimodales a tarifas muy reducidas.
- Desarrollo de movilidad rural a la demanda y compartida (702 M€), mediante plataformas digitales y flotas de cero emisiones para el medio rural, donde el índice de motorización es casi un 50% más alto que en zonas urbanas.
- Construcción de más de 357 millones en infraestructuras ciclistas seguras, con el objetivo de triplicar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.
- Mejoras de intermodalidad en estaciones y apeaderos, y creación de más de 40 aparcamientos para carpooling en la Red de Carreteras del Estado.
Fuente: miteco.gob.es
Un enfoque social y de género en la transición energética
El Plan Social para el Clima se plantea como una herramienta complementaria al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, el Plan Estatal de Vivienda y la Ley de Movilidad Sostenible. Su diseño prioriza la reducción permanente de las necesidades energéticas de los hogares y microempresas vulnerables, así como el acceso a alternativas de movilidad limpias y asequibles.
El plan incorpora de forma transversal la perspectiva de género: el análisis previo muestra que las mujeres —especialmente quienes encabezan familias monoparentales o tienen responsabilidades de cuidado no compartidas— son las más afectadas por la pobreza energética y la pobreza de transporte. Los criterios de elegibilidad tendrán en cuenta la composición familiar, el nivel de renta, la existencia de personas dependientes y la situación de las víctimas de violencia de género.
Su elaboración ha contado con más de 1.000 aportaciones de agentes sociales, entidades del tercer sector, administraciones autonómicas y entidades locales. Los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos hasta el 31 de julio de 2032, bajo el principio europeo de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH).
Participación pública abierta hasta el 29 de junio
El Plan Social para el Clima se encuentra actualmente en fase de audiencia pública y el Ejecutivo prevé remitirlo a la Comisión Europea antes de que finalice 2026. Las personas y entidades interesadas pueden consultar el borrador del plan y presentar alegaciones hasta el 29 de junio a través de los canales habilitados por el MITECO.
Desde el Observatorio del Cambio Climático y la Energía de Tenerife (OCCET) animamos a entidades, ciudadanía, ayuntamientos y comunidades energéticas del archipiélago a consultar el borrador del plan y a hacer llegar sus propuestas antes del 29 de junio. Los territorios insulares tienen particularidades propias en materia de dependencia energética y vulnerabilidad que merecen estar bien representadas en el plan definitivo.
Documentación y fuentes
Accede a continuación a los documentos oficiales relacionados con el Plan Social para el Clima: