Pobreza Energética, ¿Por qué No Encontramos Solución?
En el marco de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) organizó una mesa redonda online titulada «Pobreza energética, ¿por qué no encontramos solución?». El evento, moderado por Rosa Fraga, reunió a expertas de diversas organizaciones para reflexionar sobre las políticas implementadas hasta la fecha y evaluar el alcance real de las medidas que buscan solucionar la pobreza energética en España.
Cecilia Foronda (Fundación Ecología y Desarrollo – ECODES) presentó un análisis detallado del reciente informe publicado por su organización, en el que se evalúan los resultados de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Foronda destacó que, la estrategia no ha cumplido los objetivos planteados a pesar de su naturaleza ambiciosa e integral, solo un 21% de las 19 medidas propuestas se han puesto en marcha. Además, señaló que la falta de medición adecuada sigue siendo un obstáculo clave, ya que, sin datos actualizados y fiables, es imposible abordar la pobreza energética de manera efectiva. La experta enfatizó que la próxima estrategia, actualmente en consulta previa, debería incluir planes de acción claros y recursos suficientes para cumplir con los objetivos establecidos, y subrayó la importancia de la coordinación entre administraciones públicas.
Por su parte, Mònica Guiteras (Aliança contra la Pobresa Energètica Catalunya – APE_Cat) compartió su experiencia trabajando en el asesoramiento colectivo de personas afectadas por la pobreza energética en Cataluña. Guiteras resaltó cómo el movimiento ha logrado frenar la victimización y culpabilización de los afectados, especialmente de las mujeres, quienes constituyen la mayoría en los asesoramientos colectivos. Además, enfatizó la importancia de crear grupos de coordinación para generar propuestas y liderar acciones en defensa del derecho al acceso a suministros básicos como la energía y el agua. Incidió en que una de las causas de la pobreza energética es el modelo energético actual y aportó un estudio realizado en el año 2023 en que se realiza un repaso a las diferentes fases del proceso de liberalización del sector eléctrico, analizando sus impactos en facetas como la concentración de mercado, los precios, la pobreza energética o la emergencia climática. Además, como hecho destacado, se hace una comparativa de cómo se ha implementado la liberalización en cinco países de la UE de características diversas y plantea una serie de propuestas a corto plazo y factores a tener en cuenta de cara a reformar el actual mercado común de la electricidad.
Soledad Montero (Federación de Consumidores y Usuarios – CECU) centró su intervención en el análisis del bono social, tanto eléctrico como térmico, señalando que, a pesar de que solo un pequeño porcentaje de los hogares vulnerables reciben estas ayudas, muchas de las familias que deberían beneficiarse no tienen acceso a ellas. Montero presentó datos alarmantes sobre la distribución desigual del bono social en España, señalando que hasta en 18 provincias no hay ningún perceptor de estas ayudas. La experta propuso la necesidad de tomar medidas urgentes como la automatización del bono social para evitar barreras administrativas y la consolidación de la prohibición de cortes de suministro por impago a los hogares en situación de vulnerabilidad y señaló la importancia de vincular el análisis de la factura y asesoría energética a cualquier tipo de ayuda pública.
En general, las ponentes coincidieron en que, a pesar de algunos avances en términos de rehabilitación de viviendas y medidas de eficiencia energética, el problema de la pobreza energética sigue siendo un reto urgente y complejo. Las participantes coincidieron en la necesidad de elaborar una estrategia nacional que no solo contemple medidas de implementación claras, sino que también cuente con los recursos adecuados y la participación activa de la sociedad civil.
El evento concluyó con un llamado a la acción urgente para garantizar que la energía sea reconocida como un derecho humano fundamental y que las políticas públicas se alineen con las necesidades reales de los hogares vulnerables.